5. Gestión pública de los Servicios Ciudadanos

PRIORIDADES ESPECÍFICAS

• Recuperación de los servicios públicos privatizados: Agua (Aqualia).
• Desexternalización del SMTU (servicio municipal de transportes urbanos).
• Recuperación pública de los contratos de basuras, parques y jardines, mantenimiento de calles, etc. 
• Pobreza energética.   

5.1. RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS: AGUA (AQUALIA)  

En el estado español, el control del suministro del agua potable ha pasado, en los últimos años, de los ayuntamientos a las empresas privadas. Una privatización impulsada por el Partido Popular y la Unión Europea a finales de los noventa que no ha sido contrarrestada, sino más bien apoyada en muchos territorios, por los gobiernos del PSOE.   

Según datos de Ecologistas en Acción, más del 50% de las aguas del Estado se encuentran en manos privadas. Mientras tanto, en el resto del mundo occidental están tomando el camino inverso y se observa un regreso a lo público. Así, en ciudades como Atlanta (EE UU), París (Francia) o Postdam (Alemania) se está retornando a la gestión pública tras vivir experiencias privadas.  

Las ‘razones’ de la privatización  

La principal razón por la que los alcaldes dicen privatizar el servicio del agua es por el “déficit económico en el que se encuentran gran parte de los Ayuntamientos.   

En la mayoría de los municipios se ha generalizado un tipo de concesión en donde la empresa adjudicataria paga un canon inicial y una serie de cánones mensuales o un porcentaje sobre la facturación por el uso de las infraestructuras públicas. En algunos casos, se establece que el canon inicial o parte de él, se reinvierta en la mejora de las infraestructuras. Sin embargo, en la mayoría de las concesiones, como el caso de Aqualia en Santander, dicho canon inicial no se destina realmente a la mejora del suministro o, mejor dicho, al mantenimiento de los recursos materiales del abastecimiento. De hecho, cuando la empresa privada invierte en la mejora de infraestructuras, lo repercute directamente de manera abusiva en el recibo del agua, independientemente del pliego de condiciones de la concesión. Las multinacionales nos quieren hacer creer que lo privado es mejor que lo público. Sin embargo, no hay ningún estudio riguroso que así lo demuestre.   

Para estas empresas, entrar en el sector de los servicios públicos es una tentación a la que pocas se pueden resistir. Y por una razón fundamental: el factor riesgo no existe y, por tanto, las ganancias están aseguradas. Por otro lado, en términos de eficiencia económica las empresas públicas y privadas pueden ser equiparables,  pero desde el punto de vista social y ecológico no son igualmente eficientes.

La privatización en Cantabria  

El proceso de privatización llegó a Cantabria con algo de retraso respecto al resto del Estado. Sin embargo, en pocos años se han colocado en cabeza (abarcando a cerca del 90% de la población). De tal forma, que actualmente la privatización del sector en Cantabria supera en mucho las ratios del resto del Estado. Y sólo algunas mancomunidades, pequeños ayuntamientos y juntas vecinales sobreviven a la ola de privatización. Aunque en los últimos tiempos, ha habido un leve retroceso con la recuperación pública del servicio de aguas de Torrelavega.  Uno de los momentos clave en el proceso de privatización en Cantabria fue precisamente la adjudicación del servicio municipal de aguas de Santander. En el verano de 2004, el entonces alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, anunciaba la privatización o "gestión indirecta" –en palabras del regidor– del Servicio Municipalizado de Agua de Santander (Semas), la única empresa municipal que arrojaba beneficios sustanciosos año tras año. En aquel momento, el actual alcalde, Iñigo de la Serna, era el edil de Medio Ambiente y presidente de Semas, el cual declaró que no habría variaciones en el ámbito laboral ni en los recibos. Sin embargo, sólo dos años después finales de 2008-, los trabajadores de Aqualia –empresa concesionaria– denunciaban el incumplimiento del acuerdo por parte de la empresa, iniciando movilizaciones y paros.   

Irregularidades y juicios  

Una de los 'efectos colaterales' de la privatización de los servicios de agua en los ayuntamientos es la gran cantidad de denuncias por irregularidades en su concesión y la extraordinaria frecuencia con que acuden a los juzgados las mismas empresas de aguas, aquellas, claro está, que no han recibido la adjudicación.   

Por ejemplo, varias empresas (Valoriza-Ascan y Aquagest-Aguas de Barcelona) del sector presentaron un recurso contencioso-administrativo en 2006 contra la adjudicación del servicio de aguas de Santander a Aqualia.  Dicho recurso fue desestimado a principios de 2008. Las empresas demandantes se basaban en anomalías detectadas con respecto a la valoración 'técnica' de las diferentes ofertas presentadas. Por ejemplo, la oferta económica que hizo Aqualia a la Mesa de Contratación del Ayuntamiento no fue la más alta (69,3 millones de euros), ya que Ascan ofreció 73,11 y Aquagest 72,5 millones de euros. La adjudicación fue para Aqualia, que concurrió con el apoyo financiero de Caja Cantabria, por un importe de 69,2 millones y un periodo de 25 años.   

PROPUESTA GENERAL  

• Recuperación de la gestión pública del servicio de agua y basura. Realizar una valoración de la repercusión económica de dicha gestión en relación con la gestión privada en cada Ayuntamiento. 
• El agua no puede ser un negocio. La gestión privada del agua es un chollo. Beneficio seguro. No hay riesgo. Usuarios fijos. No hay competencia.
• Tres vías para la recuperación del servicio:   

1. Finalización o ruptura del contrato. Habría que conocer el pliego de condiciones pues los contratos suelen estar blindados en caso de ruptura unilateral por parte del Ayuntamiento. Se podría prorratear la indemnización  y seguro que saldría rentable en relación con los beneficios a largo plazo.
2. Cuando no sea posible la remunicipalización del servicio por su coste a corto plazo, se puede forzar por la vía de unos reglamentos de funcionamiento del servicio que sean imposible de aceptar por la empresa concesionaria.
3. En muchos casos, sería suficiente con obligar a la empresa concesionaria para que cumpla las necesidades de mantenimiento que requiere el servicio (si figura en el contrato). Es decir, con un peritaje del deterioro de las instalaciones durante la pervivencia del contrato privado sería suficiente. Muchas empresas de agua no realizan las obras de mantenimiento necesarias.  Servicio público o empresa pública. A veces se engaña con la opción de “empresa pública”, donde puede entrar dinero privado y la gestión puede tomar la misma forma.   

PROPUESTAS CONCRETAS  

I. El agua como derecho y bien básico. Lo cual implica grandes limitaciones a la suspensión del suministro y al derroche del mismo (cuotas variables muy altas para consumos muy altos o prohibición directamente).  

II. No se puede suspender el suministro sin atender a la situación económica del usuario. No se puede suspender el suministro por impago de una cuota y debe existir un plazo razonable para el pago. En muchos municipios, la empresa concesionaria (por ejemplo, Aqualia) incluso está suspendiendo el suministro en el período de pago voluntario y antes de que termine el trimestre (te cobran por anticipado y te suspenden el suministro por impago de un consumo no realizado).

III. En Santander existen períodos de pago diferentes dependiendo de la zona de residencia. Debe prohibirse ese hecho.  

IV. El sujeto pasivo debe ser siempre el usuario, con independencia de quién sea el propietario de la vivienda. Las deudas deben vincularse al sujeto pasivo y no a la vivienda. 

V. Disminución de la cuota fija y aumento de la variable en el ámbito doméstico. Que se pague por el consumo y se reduzcan las cuotas fijas y los impuestos. Los canon o los impuestos vienen impuestos y es más difícil su supresión o reducción. Se debe tender a facturar únicamente por consumo. 

VI. La cuota fija de basura debe contemplarse en relación con los gastos del servicio y que nunca suponga un negocio para la empresa concesionaria. Sólo en el caso de la gestión pública se puede contemplar algún aumento para beneficio de los servicios públicos del Ayuntamiento. 

VII. Reducción de las cuotas de enganche, contratos nuevos y cambios de titularidad. 

VIII. Supresión del alquiler del contador. Se paga en cuotas hasta que se pague el contador. 

IX. Prohibición del cobro por anticipado (cobrar el primer trimestre antes de su finalización). Debe cobrarse por consumo vencido. 

X. Reducción de las cuotas y los canon o impuestos asociados en relación con los ingresos: el iprem no es un buen indicador. Tampoco el criterio de familia numerosa. El criterio más espectacular es que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en situación de desempleo. En ese caso, la exención debería ser total. 

XI. Una parte del canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria debería repercutir sobre las empresas concesionarias y no solamente sobre usuario  final. Competencia del Gobierno de Cantabria. 

XII. Elaboración de reglamentos del servicio de aguas actualizados que contengan todas esas cuestiones. Algunos reglamentos no se aplican y otros están absolutamente desfasados y se siguen aplicando. Por ejemplo, el reglamento ‘vigente’ del Ayuntamiento de Santander es de 1990 (todavía era público el servicio, el SEMAS).

5.2. GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: SMTU, LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES  

Desde hace unos años, los gestores públicos de la ciudad de Santander, a la sazón, siempre gestores del Partido Popular, han emprendido una escalada sin fin de privatizaciones de todos los servicios públicos, excepto el urbanismo, la joya de la corona de la corrupción municipal.   

La privatización del agua no ha sido la única chapuza política, fueron muchos otros servicios a los ciudadanos que dejaron de ser realizados por el propio Ayuntamiento y se han ido adjudicando a empresas privadas, probablemente afines, como la  CONCESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, a día de hoy gestionada por  la UTE (unión temporal de empresas) “Santander Viva y Limpia II”: (Ascan Empresa Constructora y de Gestión SA y General de Asfaltos y Servicios, S.L.), por 17.505.495 euros/año y 10 años de duración.  

La CONCESIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS a la UTE “Jardines Santander” por la cantidad de 7.999.243,33 €/año durante cuatro años. Si bien esos son los grandes contratos de gestión privatizada, no son menos importantes los de Mantenimiento de viales (Copsesa), o Alumbrado público (Ditra Cantabria S.A).  

Un capítulo aparte merece privatización encubierta a modo de externalizaciones de líneas en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS). En el año 2007, el Ayuntamiento arrendó las líneas propiedad de ALSA de Monte L 18, La Albericia-Ciriego L 17 y 1º de Mayo- Zoco L 19. A partir de ese momento y aunque con posterioridad, al finalizar las concesiones de dichos recorridos, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, adjudicó la titularidad de las mismas al consistorio Santanderino, el Ayuntamiento siguió pagando por la prestación de esos servicios que podría haber realizado con sus propios medios humanos y materiales. No contenta con eso, la Corporación santanderina adjudicó a la misma empresa mediante concursos ‘a medida’ los servicios nocturnos, servicios especiales y cada línea que han sido creadas desde entonces: L-20, L-21 y L-23. Todas esas concesiones han ido acompañadas de denuncias por parte del comité de empresa del SMTU, por la baja calidad que aporta ese servicio y las lamentables condiciones laborales de los trabajadores que los prestan, así como el elevado coste de las mismas.  

Ante esta escandalosa gestión de lo público desde GANEMOS SANTANDER SI PUEDE apostamos por una gestión totalmente municipal de los servicios públicos de la ciudad de Santander. 

A nuestro modo de ver, los servicios a la ciudadanía, no pueden bajo ningún concepto estar a la expensa de una gestión mercantilista y cuyo fin último y único sea generar beneficio. Cuando un Ente público, adjudica a una gestión privada la realización de esos servicios, solo existen dos modos para que cuadren las cuentas de la empresa adjudicataria, a saber:   

• Sobrecostes por encima del valor real del servicio, en cuyo caso, se malgastan los impuestos de los ciudadanos que estarían pagando más por lo que el propio Ayuntamiento podría llevar a cabo por un coste inferior.
• Precios a la baja que la adjudicataria, como no puede ser de otro modo, rebajará sensiblemente la calidad del servicio, reduciendo costes en su realización y precarizando en grado superlativo el empleo y los salarios de sus trabajadores.  

REALIZAREMOS una recuperación paulatina de todas esas concesiones, en el momento de su finalización.  

NOS COMPROMETEMOS, con el asesoramiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander, a rescindir todos aquellos contratos susceptibles de ello a la menor brevedad.     

GESTIONAREMOS la subrogación de los contrato de los trabajadores de las empresas que pierdan su concesión, para garantizar no generar ningún perjuicio a los integrantes de las plantillas.