1. Participación ciudadana y transparencia

 

PRIORIDADES ESPECÍFICAS

  • Creación de consejos de sector y de distrito.
  • Potenciación de la educación cívica y de la educación social.
  • Liberación e impulso de las asociaciones vecinales.
  • Transparencia en la gestión de los recursos públicos.

 

1.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA / EMPODERAMIENTO CIUDADANO

En Ganemos Santander Sí Puede queremos una ciudad donde la ciudadanía pueda incidir de manera directa sobre cualquier ámbito municipal que les afecte y pueda desarrollar su capacidad de decisión.

Las elecciones cada 4 años no son suficientes, reivindicamos una democracia participativa que permita a los ciudadanos decidir qué modelo político y social quieren para Santander, en el ejercicio de su soberanía popular. Pensamos que es necesario implicar a cada persona en la gestión de los asuntos que le son más cercanos, desarrollando mecanismos que permitan a la ciudadanía intervenir en la asignación de recursos a través de la implantación de presupuestos participativos, proponer y debatir cuestiones que afecten la gestión de los asuntos públicos a través de espacios ciudadanos de participación y decidir sobre cuestiones vitales para la ciudad a través de consultas ciudadanas vinculantes.

El punto 1 del art. 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, indica: “Los Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto en que existan en el Municipio dichas divisiones territoriales”. Siguiendo por esa línea, Ganemos Santander Sí Puede plantea las siguientes medidas:

1.1.1. Participación y descentralización

I. Creación de una Concejalía específica de Participación Ciudadana que impulse y asegure el protagonismo ciudadano y sitúe la democracia y los derechos en el centro de la política municipal. Será una de las primeras tareas que realizaremos si conseguimos acceder a la institución.

II. Un modelo de descentralización basado en Asambleas de Distrito permanentes que se reúnan una vez al mes (como proyecto piloto) para hacer de ellas puntos de encuentro, debate y de participación ciudadana. Potenciarlas y dotarlas de contenido, convirtiéndolas en órganos de deliberación que lleven propuestas. Gestión directa sobre los presupuestos mediante el acceso directo a partidas presupuestarias que emanen del Pleno. Consejos de distrito: Elección de miembros de las asambleas según metodología mixta delegativo-participativa. Los cargos electos de Ganemos Santander Sí Puede deberán acudir a informar y rendir cuentas con periodicidad. Sus decisiones serán vinculantes para los representantes de Ganemos Santander Sí Puede siempre que concuerden con los derechos humanos, con nuestro programa, con la ratificación por parte del vecindario del distrito (según el reglamento que se establezca mediante herramientas presenciales y digitales) así como con la solidaridad interdistrital (por la que velará en última instancia el gobierno municipal).

III. Asamblea Ciudadana cada tres meses donde el gobierno municipal exponga las políticas, presupuesto, etc., y recoja las demandas ciudadanas. Control de gastos municipales.

IV. Fomentar la participación y formación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los mismos. Desarrollar un nuevo reglamento para la participación ciudadana real y efectiva. El reglamento actual está obsoleto, aunque ofrece posibilidades de participación, éstas no se han aplicado en absoluto. Por ejemplo, la ciudad se encuentra dividida en distritos gracias a la Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003. Sin embargo,  dicha división, que venía obligada por la norma al ser una capital de provincia con una población superior a 175.000 habitantes, no ha tenido ninguna consecuencia que favorezca la participación.

1.1.2. Procesos participativos: iniciativas populares, consultas y presupuestos

I. Implantar la participación directa e informada de la ciudadanía a través de Iniciativas Populares, consultas ciudadanas y referéndum vinculantes, como herramientas superiores en el proceso de participación ciudadana. Para ello no es necesaria ninguna reforma profunda ya que la iniciativa popular en el ámbito local está permitida y se encuentra regulada por la ley de bases de Régimen Local en el art. 70bis, 2). En dicha norma se contempla que los vecinos podrán presentar propuestas o proyectos de competencia en materia municipal, los cuales deberán ir suscritas por el 20% (municipios hasta 5.000 habitantes), 15% (hasta 20.000) y 10% (desde 20.001). Y la propia ley de bases también permite las consultas populares aunque la iniciativa depende en exclusiva del alcalde de turno y de la autorización del Gobierno del reino (artículo 71).

II. Poner en marcha progresivamente presupuestos participativos a escala municipal que recojan las propuestas de la ciudadanía, cuyos resultados serán determinantes para la asignación de los recursos disponibles atendiendo al equilibrio territorial, la diversidad social y el género.

III. Deberemos caminar hacia un modelo que permita, tras su estudio y valoración colectivos, convertir en vinculante este mecanismo, para lo cual se erigirá un Observatorio municipal permanente de control de gasto público, con participación de los agentes sociales y de los mecanismos directos de participación ciudadana.

1.1.3. Empoderamiento ciudadano y educación social

En Ganemos Santander Sí Puede pondremos todos los recursos materiales y organizativos a nuestro alcance para implantar una democracia participativa en los barrios de nuestro municipio.

Pero conseguir el empoderamiento popular no se consigue de un día para otro. Se necesitan estructuras políticas colectivas (consejos territoriales y sectoriales, asambleas, equipos técnicos) y el uso de nuevas tecnologías; pero construir una identidad colectiva necesita algo más.

Construir una identidad colectiva que muestre toda la pluralidad social y que implique cambio social  requiere formación y educación política, cívica y social. Por eso, se implantarán unidades de participación ciudadana –integradas básicamente por educadores sociales – en los barrios de Santander.

Desde Ganemos Santander Sí Puede aspiramos a revertir la forma de tomar las decisiones políticas (desde el arriba hacia abajo al de abajo hacia arriba) y romper las dinámicas que concentran el poder político en unas pocas manos. Para ello, al menos inicialmente, se hace necesario promover una metodología participativa (investigación-acción-participación) que parta de un análisis de la realidad (diagnóstico participativo) de cara a conseguir un empoderamiento real. Como decía el gran sociólogo y maestro cántabro Jesús Ibáñez:

“Los que mandan se reservan la condición de sujetos y atribuyen a los mandados la de objetos. Los que mandan ejercen sobre los mandados operaciones de control. Esta cibernética es una investigación de cómo pueden controlar los sujetos (sistemas observadores) a los sujetos (sistemas observados). En general, los objetos no son separables de los sujetos: el objeto es producto de la actividad objetivadora del sujeto. Además, en los sistemas sociales, los (supuestos) objetos son también sujetos para que la sociedad deje de estar regulada en la lucha de clases, los juegos de lenguaje de tipo pregunta/respuesta deben ser sustituidos por otros de tipo conversación. Ya no se trata del control de los que mandan sobre los mandados sino de la liberación de unos y otros de la relación de mando.

Pasar de objeto a sujeto de investigación, significa pasar de trabajar para la gente a trabajar con la gente, lo que supone reconocer a las personas en si mismas y con su propia complejidad. El regreso del sujeto a la investigación con todas sus complejidades, sus fracturas, sus sujeciones es imprescindible si hablamos de espacios de investigación donde se hace necesario no sólo el conocimiento (aunque también ¿cómo conocer sin los sujetos que producen conocimiento?), sino sobre todo producir cambios. Deben ser los sujetos implicados en los contextos de investigación los que con su explicación y comprensión de los problemas y necesidades sociales apunten la dirección y materialicen los cambios”.

1.1.4. Fomento de las herramientas digitales de participación

I. Implantar herramientas de participación ciudadana a través de Internet, para el debate, propuesta y toma de decisiones.

II. Impulsar iniciativas pedagógicas ciudadanas locales de alfabetización digital para reducir la brecha tecnológica y económica, para la promoción del uso de las tecnologías y las nuevas herramientas de participación digitales.

III. Crear espacios digitales permanentes de debate y propuesta de medidas susceptibles de ser implementadas en la gestión municipal.

IV. Garantizar y promover el desarrollo de los medios de comunicación comunitarios, sin ánimo de lucro y bajo control ciudadano, tales como radios comunitarias, publicaciones independientes o televisiones de barrio.

V. Revisión de la normativa vigente en materia de participación ciudadana, para adaptarla a los nuevos enfoques "2.0": Los sistemas de participación ciudadana implementados en muchas de nuestras ciudades y pueblos han servido para atender la interlocución de los gobiernos con los principales actores sociales; pero la evolución de nuestras sociedades y las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías han puesto de manifiesto la necesidad de revisar las estructuras de participación ciudadana, para dar entrada a la ciudadanía de forma activa en los procesos de decisión y elaboración de políticas públicas utilizando nuevos métodos, nuevos procesos y otros canales. Se hace necesaria la revisión en profundidad de muchas normas, reglamentos, etc. para actualizar los sistemas de participación y alinearlos con los nuevos enfoques.

1.1.5. Fomento de la gestión colectiva de recursos comunes

I. Promover una normativa municipal para la cesión y cogestión de espacios públicos por parte de la ciudadanía con normas que garanticen el derecho al uso y gestión de los espacios públicos en unas condiciones dignas.

II. Ceder y cogestionar estructuras o espacios de propiedad municipal disponibles, en desuso o infrautilizados para el desarrollo de proyectos con fines sociales y culturales.

1.1.6. Creación de estructuras de empoderamiento ciudadano a escala local

I. Establecer estructuras locales responsables de la gestión pública que serán elegidas por la ciudadanía.

II. Desarrollar Observatorios Municipales sectoriales con la presencia de asociaciones, ciudadanía, personal técnico-administrativo y personas interesadas o afectadas por la materia para el desarrollo de procesos de investigación y diagnóstico participativo, así como seguimiento y evaluación de la gestión pública.

III. Promoción de espacios de debate ciudadano, sensibilización e información sobre los asuntos públicos, en especial la deuda municipal y su reestructuración y quita; los presupuestos participativos, las políticas públicas de Economía Social y Solidaria, el principio de democracia corresponsable de los cuidados fuera y dentro de los hogares y el nuevo modelo productivo.

1.1.7. Otras medidas para impulsar la participación y la democracia participativa

I. Creación de Consejos Sectoriales donde intervengan fundamentalmente las asociaciones de cada ámbito (educación, sanidad, igualdad, juventud, cultura, medio ambiente, servicios sociales, etc.). Dichos órganos tendrán como finalidad la implicación de los colectivos sociales en la gestión y en la toma de decisiones de los diversos servicios públicos municipales.

II. Participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en los Consejos de Administración de las Empresas Públicas Municipales y también en aquellas que prestan servicios municipales aunque su titularidad sea privada –como Aqualia o Ascan, por poner dos ejemplos muy simbólicos – . Si aún es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en el seno de la propia administración local, aún se hace más necesario contemplar la posibilidad de intervención de las personas ante los órganos de gestión de los entes instrumentales de las Administraciones Locales, en concreto en los Consejos de Administración de las Empresas Públicas Municipales y empresas privadas que prestan servicios públicos y/o de interés general. Por ello es preciso apostar por la presencia permanente de los representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios en los consejos de administración de las empresas municipales prestadoras de servicios públicos.

III. Promocionar desde los poderes públicos la vertebración de la sociedad, fomentando el fortalecimiento de organizaciones sociales sin mediatizaciones de tipo partidista. En particular, las asociaciones de vecinos, víctimas del caciquismo y del subvencionismo de la Administración del PP en el Ayuntamiento de Santander. Es necesario un cambio de cultura en las fuerzas políticas en la que, sin cuestionar el papel fundamental atribuido constitucionalmente a los partidos políticos, se fomente la consolidación y crecimiento de organizaciones sociales fuertes e independientes De esta forma se superaría la vieja cultura de la promoción de organizaciones afines o dóciles que provoca raquitismo en el proceso de vertebración social e impide o hace más lento su propio crecimiento. Los poderes públicos están mandatados legalmente a fomentar el desarrollo de las organizaciones ciudadanas, y deben hacerlo sin temor a que posteriormente dichas organizaciones puedan ser críticas con sus políticas. En ello está la riqueza de una sociedad democrática y la propia posibilidad de que la sociedad cuente con los instrumentos para alcanzar los mayores grados de compromiso posible en su propio desarrollo. Una sociedad activa y organizada es una sociedad estructurada y comprometida con los retos de su ciudad.

 

1.2. TRANSPARENCIA

Creemos en el valor de la transparencia llevada hasta el límite como elemento disuasorio de la corrupción política. Creemos que hoy en día una transparencia radical no afectaría a la eficacia de las decisiones administrativas y políticas. Creemos que las medidas finalistas (procesales, civiles o penales), siendo necesarias no son suficientes y no solucionarán por sí mismas el problema de la corrupción. En todo caso, creemos que debe penalizarse de igual forma a todos los actores implicados en un acto de corrupción –no sólo al cargo público sino también al empresario o intermediario que paga al político –.

En Santander podrían aplicarse algunas medidas administrativas e institucionales de forma inmediata:

I. Creación del “Expediente Administrativo Transparente”, estableciendo la digitalización documental obligatoria y su disposición para consulta de cualquier ciudadano. En cualquier caso, dicha digitalización obligatoria se aplicaría de forma generalizada mediante la publicación on line y en tiempo real de todos los expedientes, cuentas, sueldos, dietas, subvenciones, concursos, contratos y presupuestos de todas las unidades, cargos y empleados del Ayuntamiento de Santander y de sus empresas públicas, tengan el destino que tengan. De esta forma, se reducirá la opacidad en los fondos públicos y aumentarán los controles externos. De igual forma, se publicarán las rentas y patrimonios de todos los cargos públicos o de libre designación.

II. Los controles externos deberán formalizarse más allá del propio control de los ciudadanos considerados individualmente. Las auditorías de las diferentes unidades de la Administración municipal y el cumplimiento de la digitalización obligatoria se llevarán a cabo mediante controles ciudadanos, centralizados y coordinados en la Oficina de Transparencia y Control Ciudadano Municipal, donde existirá participación mayoritaria de los agentes sociales implicados en cada sector.

III. Creación de una Oficina de Contrataciones de carácter municipal formada por personal técnico con objeto de establecer controles sobre las grandes adjudicaciones y las compras con los grandes proveedores, evitando las subcontrataciones.

IV. Creación de la Oficina del Funcionariado, que permitirá a los funcionarios señalar de forma anónima las irregularidades detectadas en los expedientes administrativos a las instituciones de Control (Oficina de Transparencia-Control Ciudadano y Oficina de Contrataciones).

V. Todas las empresas que tengan formalizados contratos con el Ayuntamiento de Santander deberán hacer públicas sus cuentas y contratos en tiempo real. Se prohibirá el incremento de las partidas (sobre costes) asignadas a proyectos cuyos presupuestos ya hayan sido aprobados. No se permitirán incrementos o sobre costes salvo situaciones excepcionales entre la fase de concurso y ejecución.

VI. De igual forma, implantaremos un verdadero régimen de incompatibilidades que limite de forma absoluta la existencia de cargos públicos que tengan o hayan tenido intereses en empresas que formalicen contratos con la Administración municipal. Así mismo, dichas empresas no podrán contratar a aquellos ex altos cargos que hayan tenido relación con el sector económico de referencia o hayan participado de forma directa o indirecta en las adjudicaciones o contratos.

Otras medidas que refuerzan las anteriores:

a. Instauración de principios de transparencia y accesibilidad de la información pública

  • Implementar medidas de transparencia de la gestión pública con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, convocatorias, concursos y plazas de empleo.
  • Garantizar el acceso a toda la información pública tanto en papel como en formato electrónico abierto, operativo y descargable mediante servicios web de código abierto y accesible.
  • Crear un índice claro de la información que tiene la administración en su poder y de su lugar de publicación.
  • Fomentar la contratación pública transparente con publicación de lo debatido y acordado en cada mesa de contratación, listado de contratos contemplados con calendario, importe y contenido y con respecto a las empresas involucradas en la gestión de los servicios municipales.
  • Publicar y emitir públicamente las sesiones de los distintos órganos de gobierno del Ayuntamiento.
  • Introducir progresiva y preferencialmente el software libre en la gestión municipal.

b. Implementación de medidas contra la corrupción, la arbitrariedad y la discriminación en función de género.

  • Establecer la obligación de acatar y regir su actuación según los principios éticos de la candidatura de Ganemos Santander sí puede tanto a sus cargos electos como al personal asesor, cargos de libre elección, personal eventual y miembros del grupo municipal.
  • Publicar las agendas de cargos públicos, sus currículum vitae y rentas, así como los protocolos e informes en los que basen sus decisiones.
  • Desarrollar medidas contra la disciminación en función de género, con criterios de paridad y de defensa frente a cualquier discriminación o maltrato en todas las políticas y decisiones municipales, así como en los órganos de gobierno o de cualquier nivel de gestión.
  • Establecer criterios de paridad en los órganos consultivos, deliberativos y decisorios de la ciudad y crear unidades impulsoras de políticas locales feministas, no sexistas, de equidad de género y de derechos humanos.
  • Crear un Observatorio Ciudadano de la corrupción.
  • Garantizar la aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, en especial en lo referente a la simbología y al callejero.

 

1.3. BUEN GOBIERNO

La gestión de los asuntos locales debe estar regida por principios de transparencia, racionalidad y defensa de los servicios públicos, de manera que se asegure el acceso de la ciudadanía a toda información pública relevante, que la función pública esté desarrollada de manera justa y eficiente y que las instituciones y agentes encargados de ejecutar dicha función se rijan por principios de justicia y calidad profesional.

a. Reformar la administración local para una gestión racional, justa y transparente.

b. Freno a la venta de patrimonio público y reorganización del uso de edificios y equipamientos públicos.

  • Frenar la venta de todo tipo de patrimonio público.
  • Paralizar la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y procurar su reversión.
  • Inventario actualizado y accesible de los recursos patrimoniales de propiedad municipal en uso, vacíos, abandonados e infrautilizados, para organizar su aprovechamiento inmediato.
  • Aplicar políticas de equilibrio y desprivatización en el uso de los edificios y equipamientos públicos.
  • Garantizar el interés social en el uso del patrimonio público.
  • Fomentar y/o mantener los espacios de socialización e integración tales como Centros de mayores, mercados y pequeños equipamientos de proximidad y servicios comunes para personas ancianas y jóvenes en el propio entorno.

c. Mejora de la estructura del Ayuntamiento y de las relaciones con los ciudadanos

  • Reestructurar el organigrama del Ayuntamiento con el fin de racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y favoreciendo la designación de funcionarios de carrera.
  • Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude, garantizando la independencia de los técnicos responsables y su capacidad de control y actuación.
  • Establecer formas de participación del personal municipal en la gestión y en la organización de la estructura del Ayuntamiento.
  • Establecer criterios transparentes y objetivos en la selección y retribución de los gestores, directores y personal artístico y cultural contratado en atención a los méritos académicos, profesionales y/o al proyecto de gestión presentado, con el fin de evitar el clientelismo.
  • Creación de un servicio integral de atención a la ciudadanía.
  • Garantía de plazos de respuesta expresa y motivada y notificación de los trámites a los administrados.
  • Implementación de líneas telefónicas de coste reducido o gratuito para los teléfonos de atención al ciudadano y de las empresas municipales de prestación de servicios.

 

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