2. Gestión financiera municipal

 

PRIORIDADES ESPECÍFICAS

• Auditoría y reestructuración de la deuda municipal.
• Denuncia de los nidos de corrupción.
• Políticas impositivas y progresividad fiscal.
• Redimensionamiento y mejora en la gestión de las empresas públicas.
• Presupuestos participativos.

 

El contexto político y económico en el que se anteponen los intereses de empresas privadas y mercados frente a la vida digna de las personas hace imposible hablar de democracia. No existe una democracia plena y avanzada en una sociedad donde no se garantice el pleno empleo, estable y con derechos, y donde siga habiendo personas que viven en la pobreza, en sus diferentes formas y expresiones.

Resulta evidente que garantizar el pleno empleo, estable y con derechos, y evitar que haya personas viviendo en la pobreza no está solamente en manos de un Ayuntamiento, pero sí aportar, en la medida de lo posible, tanto iniciativas políticas como medidas concretas que permitan encontrar vías de solución globales a estos problemas.

Será obligación del Ayuntamiento de Santander que nosotros encabecemos, crear las condiciones adecuadas y fomentar espacios de diálogo y colaboración entre los diferentes actores sociales, colaborar con otras entidades, órganos de gobierno, plataformas ciudadanas y con los movimientos sociales, para ser una gota más que se sume a la marea ciudadana de cambio que permita lograr hacer efectivas entre todos/as las medidas que en nuestro programa nos comprometemos a defender.

A nuestro juicio, el Ayuntamiento de Santander debe ayudar a vertebrar social y políticamente una alternativa socioeconómica distinta a la de los gestores del capital, y que tenga en la defensa de los Derechos Sociales plenos y efectivos una de sus líneas maestras. Y ello puede hacerse no sólo dictando normas y ejecutando políticas concretas con respaldo presupuestario suficiente, en el marco de las estrechas competencias legales que aún se reconocen a los ayuntamientos. Es necesaria también una doble labor, de pedagogía democrática y de liderazgo político, encaminada a cambiar la correlación de fuerzas social y política existente, para lograr cambios profundos. Unos cambios que beneficien a la mayoría de la ciudadanía que ha venido siendo maltratada por las políticas de recortes sociales y democráticos de los últimos años.

Para ello es necesario un redimensionamiento del gasto público, reasignando partidas presupuestarias, priorizando el gasto social sobre sectores y ámbitos en situación especial vulnerabilidad. Una reasignación de recursos sustentada en medidas como una auditoría y reestructuración de la deuda pública municipal cuyo pago a día de hoy implica cerca del 10% del presupuesto municipal. Todo ello acompañado de una racionalización de las políticas fiscales municipales, que vigile los posibles fraudes en el pago de impuestos como el IBI o el IAE y que establezca ayudas exenciones fiscales a los colectivos más desfavorecidos y que ayuden asimismo a un relanzamiento de la actividad económica en el municipio.

Una gestión municipal que depure los nidos de corrupción, que garantice la transparencia de las instituciones locales y el control del gasto público. Una gestión municipal donde, para lo cual,  la ciudadanía pueda incidir de manera directa sobre cualquier ámbito municipal que les afecte y pueda desarrollar su capacidad de decisión independientemente de su condición económica o social.

Una gestión municipal que recupere el control y la administración de servicios públicos básicos, partiendo de  una auditoria bajo control técnico y ciudadano que evalúe el impacto de las medidas de privatización y el desmantelamiento de lo público implantadas en los últimos años e identifique adecuadamente tanto los errores como los aciertos de las administraciones pasadas. Que paralice el expolio de los recursos públicos y los ponga al servicio de la ciudadanía y del bien común.

 

2.1- AUDITORIA Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL

Los diferentes gobiernos municipales del Ayuntamiento de Santander han apostado por un modelo de ciudad sustentado en un desarrollo urbanístico no sostenible, basado en la creación infraestructuras innecesarias de nula utilidad a corto y medio plazo, con cargo a los presupuestos municipales que han elevado la deuda real de nuestro municipio hasta los cerca de 140 millones de euros y cuya amortización absorbe cerca del 10% del presupuesto anual –reducir esa deuda a corto plazo (19,3 millones de euros en 2015) podrían servir para hacer muchas cosas (políticas sociales) –.

Esta situación se ha visto además acompañada de una subida progresiva de impuestos municipales con puntuales rebajas en períodos electorales.

Ante esta situación es factible hablar de deuda ilegítima, ya que la mala gestión pública buscando favorecer los intereses de empresas privadas, cuya mala gestión es además socializada mediante la constante aprobación de aumentos de gastos presupuestarios sobre los presupuestos iniciales de licitación, repercuten en políticas tributarias que afectan al conjunto de los ciudadanos, sin respetar además el principio de equidad y que se vuelven especialmente perjudiciales para aquellos colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Se suma a esto el hecho de que dichas políticas de aumento de impuestos no han supuesto una reducción de la deuda, sino una excusa para ahondar en este modelo de endeudamiento irresponsable que compromete seriamente el futuro de nuestra ciudad.

Por ello proponemos:

2.1.1. Auditoría y reestructuración de la deuda

I. Llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda municipal bajo control técnico y social incidiendo sobre: sobrecostes de las obras públicas, contratos de mantenimiento, contratos de servicios (como servicios informáticos y otros), alquileres injustificados e intereses de la propia financiación.

II. Reestructurar la deuda e implementar las medidas necesarias para la renegociación de los tipos de interés, el alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización y los periodos de carencia, la implementación de moratorias, quitas selectivas y el establecimiento de responsabilidades políticas y penales.

2.1.2. Auditoría de la gestión económica municipal

I. Llevar a cabo una auditoría de las ventas de patrimonio municipal y establecer una estrategia de reversión.

II. Llevar a cabo una auditoría de la legalidad, pertinencia y adecuación económico-urbanística de las modificaciones urbanísticas, mega inversiones y transmisiones de suelo realizadas en los últimos años, para detectar posibles sobrecostes injustificados y gestiones perversas, de cara a su reversión.

III. Llevar a cabo una auditoría ciudadana y la reorganización de las empresas, organismos y servicios municipales, con especial atención a la vivienda social.

IV. Realizar auditorías transparentes y externas de la gestión municipal para detectar los errores pasados, verificar el estado actual de la gestión y planificar acciones futuras, así como para exigir la asunción de responsabilidades, incluida la inhabilitación futura para cualquier colaboración con el ayuntamiento, por parte de aquellas personas que hayan llevado a cabo una gestión irregular.

V. Intervención, fiscalización y auditoria económica y ciudadana de la Hacienda pública municipal, con criterios de sostenibilidad económica.

 

2.2- DENUNCIA DE LOS NIDOS DE CORRUPCIÓN

Garantizar una gestión municipal sin corrupción implica un gobierno local que garantice la total transparencia de las instituciones locales y control del gasto público. Que aplique las medidas de participación ciudadana ya señaladas, y reforme la administración local buscando una gestión más racional, justa y transparente, que no deje espacio a prácticas ilícitas amparadas en la opacidad, en cualquiera de los niveles de la misma.

2.2.1. Mejora de la estructura organizativa del Ayuntamiento

I. Reestructurar el organigrama del Ayuntamiento con el fin de racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y favoreciendo la designación de funcionarios de carrera.

II. Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude, garantizando la independencia de los técnicos responsables y su capacidad de control y actuación.

III. Establecer formas de participación del personal municipal en la gestión y en la organización de la estructura del Ayuntamiento.

IV. Establecer criterios transparentes y objetivos en la selección y retribución de los gestores, directores y personal contratado en atención a los méritos académicos, profesionales y/o al proyecto de gestión presentado, con el fin de evitar el clientelismo.

2.2.3. Implementación de medidas concretas contra la corrupción

a) Creación de un reglamento o estatuto de concejal que:

I. Permita un control de sus bienes y riquezas, para impedir el tráfico de influencias, así como establecer una serie de incompatibilidades que impida el amiguismo y el enchufismo mientras ejercen el cargo y el premio una vez abandonen éste. Prohibición de las "puertas giratorias".

II. Limite los mandatos a no más de dos consecutivos y para los cargos de libre designación política remunerados no más allá de 8 años consecutivos. Asimismo la remuneración no podrá superar una cantidad mensual neta superior a 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento.

III. Promueva la imposibilidad de presentarse en una lista electoral para los imputados (o "investigado") en casos de corrupción o violación de DDHH.

IV. Creación de un reglamento regulador de las contrataciones, concesiones y subvenciones municipales que reduzca la adjudicación directa al mínimo, terminando con el amiguismo y articulando mecanismos transparentes de subasta o concurso, debiendo presentarse siempre las licitaciones de obras ante Notario. Que garantice asimismo la independencia de asociaciones, movimientos sociales o plataformas vecinales que reciban ayudas o subvenciones municipales.

V. Publicar las agendas de cargos públicos, sus currículum vitae y rentas, así como los protocolos e informes en los que basen sus decisiones.

VI. Crear un Observatorio Ciudadano de la corrupción.

VII. Proponer al pleno la aprobación de un código ético del cargo público, tomando como referencia el aprobado por Ganemos Santander Sí Puede.

 

2.3. POLÍTICAS IMPOSITIVAS Y PROGRESIVIDAD FISCAL

En los presupuestos de los últimos años, las partidas de ingresos por impuestos directos², impuestos indirectos³ y tasas representan cerca del 70% del total. Por este motivo, es obligado tener una política fiscal que revista una planificación seria y que responda a objetivos que vayan más allá de los meramente recaudatorios. Las ordenanzas fiscales tienen que tender a la progresividad fiscal y, de esta forma, contribuir a la equiparación de rentas y a la igualdad de acceso a los servicios públicos.

Nosotros no entendemos los incrementos en impuestos y tasas como algo en sí mismo negativo y puede ser un ejercicio de responsabilidad cuando se hace con criterios de eficiencia fiscal y social. Y es que ese es uno de los principales problemas del Ayuntamiento de Santander: la falta de criterios sociales en materia fiscal. Los pocos beneficios aplicados por el Consistorio se reducen a ligeras bonificaciones

dirigidas a familias numerosas, pensionistas con rentas por debajo del nivel de subsistencia y personas con discapacidad; o al pago a plazos para algunos impuestos como el de vehículos o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para hacer posibles las propuestas de Ganemos Santander Sí Puede, es necesario la puesta en práctica de una política fiscal municipal de marcado carácter solidario, priorizando la empleabilidad de lo recaudado en gasto social, la redistribución equitativa de la riqueza, vigilando los posibles fraudes en el pago de impuestos y tasas municipales y creando exenciones fiscales a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Para ello se pondrán en práctica las siguientes medidas:

I. Estudiar los recursos públicos que se detraen de las arcas públicas por medio de cesiones y subvenciones y exenciones de tasas injustificadas a entidades y organismos no municipales e implantar su eliminación.

II. Aumentar el IBI a las viviendas vacías y establecer tipo reducido para aquellas que sean puestas en mercado en régimen de alquiler social. Eliminar el pago del mismo para familias con ingresos totales inferiores a tres veces el IPREM.

La ley de Haciendas Locales (LHL) permite una serie de bonificaciones y recargos, así como una flexibilidad de cara a la financiación vía impuestos y tasas que el Consistorio no parece valorar en forma alguna. El artículo 72 de dicha norma permite un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI para viviendas vacías.

III. Reestructurar las tasas que regulan el uso privado del espacio público (terrazas, pasos de vehículos, cajeros, espacio radioeléctrico, etc.) con baremos progresivos en función del tipo e intensidad de uso.

IV. Concesión de exenciones y bonificaciones a autónomos y pymes, en aquellos casos donde se acrediten dificultades financieras.

V. Bonificaciones específicas en el Impuesto de Construcciones y Obras (ICO) a aquellas actividades vinculadas al sector primario y al pequeño comercio o autónomos en general –uno de los sectores más machacados por la crisis –.

VI. Revisión y si es posible eliminación del pago de servicios públicos básicos destinados a colectivos gran dependientes, tales como la tele asistencia domiciliaria o ayuda a domicilio.

VII. Establecer la racionalidad impositiva en las redes de suministro y ajustar las tasas por el uso, ampliación e implantación de estas redes en espacio público, sea subsuelo, suelo o vuelo.

VIII. En términos generales, priorizamos la extensión de criterios sociales a la mayor parte de los tipos de impuestos, tasas y precios públicos. Para ello, habría que ‘actualizar’ bonificaciones y recargos a todo tipo de impuestos y tasas, incluyendo tablas de referencia que favorezcan de forma progresiva a aquellos sectores de población con mayores dificultades económicas y con rentas más bajas.

 

2.4. REDIMENSIONAMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

Es necesario para Santander un plan estratégico de mejora de nuestro modelo económico, basado a día de hoy en el ladrillo y el turismo. Santander necesita una reactivación económica, enfocando la misma a sectores que favorezcan el empleo local y un consumo saludable y ecológicamente sostenible y eficiente.

El Ayuntamiento debe liderar esta reactivación a través de sus empresas y organismos públicos, con proyectos industrializadores que prioricen aquellos sectores de más alto valor añadido. En concreto, aquellos que vayan ligados a los nuevos sectores emergentes (energías renovables, Investigación Tecnológica, I+D+I etc…), dando sentido a la participación del ayuntamiento como miembro de la sociedad gestora del PCTCAN.

La gestión de las mismas deberá ir fundamentalmente encaminada a la creación de empleo municipal estable.

Para este objetivo se recuperará el control integro de la gestión de aquellos servicios públicos que hayan sido privatizados y se pararán y revertirán aquellos procesos de privatización y externalización de servicios que estén ahora mismo en marcha.

Asimismo se deberán establecer los mecanismos necesarios para fomentar la participación y FORMACIÓN ciudadana en la gestión de los empresas y servicios públicos que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de las mismas.

 

2.5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

La gestión democrática de los asuntos comunes precisa de la implicación de la ciudadanía en las decisiones y en el desarrollo activo de las acciones que permiten fortalecer el territorio. Para que la participación ciudadana sea real debe ser distribuida y efectiva y contar con instrumentos válidos, mediante presupuestos participativos, el desarrollo de herramientas digitales de debate y la capacidad de proponer y crear espacios donde se fomente la capacidad de gestión ciudadana.

En Ganemos Santander Sí Puede queremos expresar nuestra firme voluntad política, necesaria para poner en marcha un proceso de este tipo, que requerirá de los siguientes pasos.

I. Puesta en marcha de un proceso de intensa difusión de la propuesta., que incremente en la medida de lo posible no solo la participación en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, como resultado de una intensa actividad pedagógica.

II. Creación de un grupo promotor del proceso, compuesto por ciudadanos que deseen participar de forma voluntaria desde el principio y un equipo técnico creado por el ayuntamiento, de manera que el equipo de gobierno comparta desde un primer momento el poder de decisión. La labor principal de este equipo será la elaboración del Autoreglamento del proceso de elaboración de los presupuestos participativos.

III. El Reglamento definirá los tiempos y estructura del proceso, tales como las fuentes de las propuestas, de origen territorial y sectorial. También determinara la participación estableciendo posibles limitaciones a la misma, así como los criterios de admisión de propuestas y mecanismos y cauces de presentación de las mismas.

IV. Se establecerá un calendario de asambleas definidas con criterios territoriales y temáticos para la presentación y debate de propuestas. También  definirá el o los mecanismos de toma de decisiones, consenso, votación, mayorías cualificadas,…

V. Definirá la existencia de comisiones de evaluación y seguimiento del proceso que velen por el correcto cumplimiento del mismo.

VI. Establecerá los criterios de priorización de propuestas entre todas las aprobadas.