10. Consumo

Ante la aprobación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que modifica el artículo 25 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen local, suprimiendo la “defensa de usuarios y consumidores” del listado de materias de competencia propia municipal que contiene su apartado 2, los municipios ya no podrán ejercer competencias propias en materia de defensa de usuarios y consumidores; los consumidores exigimos que cada municipio aclare que formula usará para ejercer las competencias para la defensa de sus derechos:  

Ya que los ayuntamientos que pretendan seguir ejerciendo estas competencias solo tendrán dos posibilidades: Requerir a la Comunidad Autónoma para que le efectúe la delegación de tales competencias, en los términos establecidos en la Ley; o promover el oportuno expediente para justificar que el ejercicio de esas competencias no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

Ya que la situación actual y general de indefinición de las competencias municipales en esta cuestión solo está perjudicando a los consumidores que ven como ninguna administración pone lo medios necesarios para prestar un servicio de atención a los consumidores y usuarios.  

Consideramos inadmisible que el Partido Popular incluyese en su programa marco para las elecciones municipales del 2011 lo siguiente para acabar aprobando una Ley en el año 2013 en la que elimina conscientemente la defensa de usuarios y consumidores del listado de materias de competencia propia municipal:  

• En el ámbito del consumo fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías para la formulación de quejas, reclamaciones y solución de conflictos, en especial a través del arbitraje.  
• Crearemos Oficinas de Información Municipal de Consumo (OMIC) en todos los municipios de más de 10.000 habitantes.  

Para Santander queremos trasladar la necesidad de utilizar una contratación pública responsable para defender los derechos de los consumidores y usuarios, incluyendo la adhesión voluntaria de las empresas al arbitraje de consumo (sin excepciones) como requisito para optar a un contrato público; así como la obligación de contestar a las reclamaciones a los consumidores a través de servicios de atención al cliente accesibles a todos los grupos de población.

Ya que esta cuestión ha quedado resuelta en la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, donde se señala de forma clara y reiterada la posibilidad de incorporar criterios sociales como condiciones de ejecución, criterios de adjudicación y como contratos reservados. Esta medida mejoraría la resolución extrajudicial de conflictos en múltiples ámbitos, tantos como servicios y productos contrata un ayuntamiento: electricidad, gas, telecomunicaciones, banca, seguros, mensajería, etc.  

Medidas   

• Crear y fomentar herramientas de colaboración entre los servicios municipales y las asociaciones de consumidores ya que en actualmente esta interconexión es necesaria pero se debe de realizar sin ningún tipo de protocolo o contraparte. Esta colaboración se presenta más necesaria que nunca ya que los pocos recursos de las personas en riesgo de exclusión social se destinan al consumo de primera necesidad: vivienda, energía, agua, telecomunicaciones, etc. Y las vulneraciones de derechos en este segmento de la población tienen un mayor impacto sobre su ya maltrecha economía. Ofrecer información y asesoramiento en relación a los derechos como consumidores y los recursos disponibles para colectivos vulnerables (bonos sociales).  
• Diseñar sistemas tarifarios para el suministro de agua que incentiven el ahorro y el consumo responsable de este recurso. Ya que el establecimiento de un mínimo de metros cúbicos elevado desincentiva el ahorro y tener en cuenta el número de personas que habitan en la vivienda en el caso de que se establezca una tarifa por bloques como herramienta para penalizar los consumos altos.  
• Habilitar bonos sociales para colectivos vulnerables en aquellos servicios de competencia municipal: transporte urbano, suministro de agua, residuos, etc.  
• Fomentar el consumo de proximidad acercando a consumidores y productores locales a través de los mercados municipales.  
• Fomentar el asociacionismo y el consumo colaborativo a través de las concejalías de participación ciudadana.  
• El transporte urbano estructura una población por lo que los municipios deben asegurar un servicio de calidad en todo el territorio, pudiendo buscar soluciones innovadoras (taxis compartidos, líneas a solicitud, etc.) en aquellas zonas donde los servicios son deficitarios pero nunca privando de transporte público a los ciudadanos.